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Por 78 votos a favor, 55 en contra y 4 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de royalty minero y despachó al Senado la iniciativa que grava con el 3% las ventas de cobre, litio y otras sustancias concesibles. Además, en la sesión de hoy se rechazó la indicación del diputado Daniel Núñez que establecía derogar la invariabilidad tributaria que cuentan los contratos de la industria minera, por la cual cerca del 80% de los contratos mineros están sujetos a este régimen tributario hasta 2024.
De acuerdo al texto sancionado en la sala legislativa, esos recursos deberán destinarse en un 25% a un Fondo de Convergencia Regional, que estará integrado solo por las comunas que pertenezcan a las regiones en que se realice explotación minera de conformidad con lo dispuesto en la presente ley, que financiará proyectos de desarrollo regional y comunal en la forma que determine el reglamento. Sobre el otro 75%, se respaldó que se destine a financiar iniciativas en las regiones mineras, en materia de reparación, mitigación o compensación de los impactos ambientales provocados por la actividad minera; para desarrollo de infraestructura crítica y digital; o para inversión o investigación en universidades estatales.
La reacción en el sector empresarial no se hizo esperar.
El Presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Diego Hernández, lamentó hoy la decisión de la Cámara de Diputados que aprobó el proyecto de royalty minero que establece una compensación a favor del Estado por las ventas de, prácticamente, toda la industria minera que opera en el país. “Es una noticia muy negativa para este sector productivo, por cuanto en un tema de tanta importancia para Chile ha primado el clima electoral que enfrenta el país y se ha olvidado el interés nacional y la visión estratégica de desarrollo país. Aquí no ha habido un debate técnico, serio e informado”, sostuvo el dirigente gremial.
Al referirse al efecto que tendría la aplicación de este nuevo impuesto, Hernández dijo que aprobar este royalty implica en la práctica una decisión de “no tener más minería en Chile”.
El directivo de SONAMI agregó que como ya están dando cuenta bancos de inversión y medios de comunicación especializados internacionales, “este impuesto desincentivará de inmediato la inversión y pondrá en serio peligro la competitividad de nuestra industria en un momento clave que vive nuestro país, especialmente en el periodo de recuperación económica post pandemia, en el que la minería estaba llamada a jugar un rol fundamental e insustituible”.
En su declaración, Diego Hernández reiteró que este nivel de impuestos para una industria clave en el desarrollo económico y social del país, “va a tener consecuencias muy graves para la minería y la economía nacional, porque son niveles de tributos imposible de resistir”.
En cuanto a la tramitación de la iniciativa en el Senado, el presidente del gremio minero llamó a los senadores a actuar mirando el interés nacional, ponderando en su futura decisión que “aquí se juega el destino de una industria que, a vía de ejemplo, en los últimos quince años ha realizado un aporte relevante a la economía y desarrollo nacional, generando el 13% del PIB que registró Chile, el que se eleva a más del 20% considerando los efectos inducidos, además, junto con el 20% de la inversión total, el 60% de las exportaciones y el 14% de la totalidad de los ingresos fiscales”.
El Biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, manifestó Jobet al termino de la votación “cuando pasamos legislamos pasando llevar las reglas, lo que hacemos, es que dañamos la estructura que soporta todo el funcionamiento democrático… nosotros estamos de acuerdo a tener una conversación respecto de la tributación de la minería, pero tenemos que hacerlo en serio, y espero que encontremos ese espacio en el Senado”, subrayó.
La Asociación de Industriales de Antofagasta emitió una declaración, precisando “nuestro gremio, que agrupa actualmente a más de 240 empresas con presencia en la región de Antofagasta, considera que el impuesto aprobado carece de toda proporción, donde no sólo se propone cobrar un royalty de 3% a las ventas, sino además un esquema progresivo en base al precio internacional del mineral, terminando con una tasa marginal de 75% y una tasa efectiva del 27% a las ventas. – De aprobarse el proyecto en las actuales condiciones, la industria minera tendría una carga impositiva total de hasta un 82%, es decir, el doble de lo que pagan otros países productores, cuyos impuestos giran en torno al 40%. Esto es prácticamente expropiatorio, debiendo utilizar el capital para pagar impuestos”, subraya la entidad regional.
Finalmente, afirmó “en Antofagasta sabemos que el principal impulso al empleo es la inversión minera y el impacto multiplicador que esta genera. Nuestro llamado es a discutir sobre la carga tributaria de esta industria de manera informada, sin arriesgar su crecimiento sostenible y el de todos los encadenamientos productivos que giran en torno a ella y el empleo e ingresos de las familias”.
APRIMIN
La Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (APRIMIN) lamentó la aprobación por la Cámara de Diputados del proyecto de royalty minero argumentando que esta iniciativa está considerando solo los actuales precios del mineral, sin visualizar las graves consecuencias que tendría en el largo plazo para la industria, sus empresas proveedoras y la economía del país.
Ante el esquema que apunta a cobrar un royalty de 3% a las ventas, junto con instalar un modelo progresivo en base al precio internacional del cobre (con una tasa marginal de 75%; con los actuales precios tasas efectivas del 22,7), el director ejecutivo de APRIMIN, Sergio Hernández, declaró: “La carga que constituye este tributo es desproporcionada, inconstitucional y atenta a la seriedad que ha ofrecido este país para el desarrollo de actividades que ha beneficiado a todos. La minería es –por lejos– nuestra mayor actividad productiva, un gran generador de puestos de trabajo, así como el principal motor de encadenamientos productivos en todo Chile, no solo en las zonas donde operan las faenas mineras”.
Hernández recordó que –según datos de Cochilco- el país cuenta con una cartera de proyectos para esta década equivalente a US$74.000 millones, la que se verá gravemente dañada con la moción recientemente aprobada por los diputados. “Nos enfrentamos a un escenario complejo, en el que habrá proveedores y contratistas locales que deberán cerrar o reducir drásticamente sus dotaciones, provocando desempleo y aumento de la pobreza”, dijo.
Según información recopilada por el Consejo Minero, entre 2015 y 2019 la minería generó una actividad económica de US$140.000 millones. De esta cifra, el 84% permaneció en el país a través del pago a trabajadores y proveedores (60,6%), pago de impuesto a la renta y royalty (6%), e inversiones (17,4%).
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