Glencore y Ceibo acuerdan avanzar en tecnologías de lixiviación en Lomas Bayas
Los empresarios industriales asociados de Antofagasta, Iquique-Tamaragal, Atacama y Coquimbo emitieron una declaración ante la posibilidad de implementar una Ley de Royalty Minero, cuyo contenido se indica:
El cobre, el litio y otros materiales son vitales para las economías de las regiones mineras y para el país. Creemos que la actual discusión tributaria arriesga, una vez más, perder una oportunidad muy importante para el país, como está sucediendo con otros rubros regionales, como la pesca.
En este sentido, consideramos que el impuesto discutido carece de toda proporción, donde no sólo se propone cobrar un royalty de 3% a las ventas, sino además un esquema progresivo en base al precio internacional del mineral, terminando con una tasa marginal de 75% y una tasa efectiva del 27% a las ventas.
De aprobarse el proyecto en las actuales condiciones, la industria minera tendría una carga impositiva total de hasta un 82%, es decir, el doble de lo que pagan otros países productores, cuyos impuestos giran en torno al 40%. Esto es prácticamente expropiatorio, debiendo utilizar el capital para pagar impuestos.
En estas condiciones, la minería – que además tiene contratos firmados con el Estado- no solo dejaría de ser competitiva internacionalmente, sino que – en el corto plazo- seríamos testigos de la destrucción de una industria que por décadas ha contribuido al desarrollo nacional y que, además, sostiene el crecimiento y desarrollo de las regiones mineras. Todas las empresas (pequeñas, medianas y grandes), sus trabajadores y familias de nuestras regiones se verían seriamente afectados de aprobarse este proyecto de ley.
Como gremios regionales (alrededor de 700 empresas asociadas, con aproximadamente 93.000 trabajadores), les recordamos que en los períodos de gran recaudación fiscal por la minería, las regiones mineras no aumentan sus presupuestos y no han recibido nunca una verdadera compensación en gasto e inversión fiscal. El proyecto aprobado va en la misma línea, ya que señala claramente que los fondos recaudados van al erario nacional y no directamente a las regiones.
La economía nacional actual y post pandemia, así como la minería tanto pública como privada, requieren de certezas y estabilidad, lo cual incluye el tema tributario y el adecuado valor compartido de sus riquezas.
Creemos que se está discutiendo este tema con un claro sesgo compensatorio o transaccional, lo que se ve expresado en las discusiones políticas parlamentarias con claras visiones dogmáticas, las cuales parten de ciertos pilares errados, lo que llevaría a conclusiones que pondrán en peligro la actividad y su ecosistema de proveedores.
Hacemos el llamado urgente al Gobierno, y en especial a nuestro parlamentarios, a convocar a una “Comisión técnica y especializada”, que pueda analizar y recoger las visiones de todos los sectores involucrados (nacionales y regionales) y las implicancias de la normativa en proyecto, de manera de elaborar una propuesta real y objetiva que permita alcanzar los objetivos tributarios, a la vez que otorgue estabilidad y proyección al sector, así como también a su enorme cadena de empresas dependientes, trabajadores y familias.
Fuente: AIA, Corproa, AII, Cidere
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