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La Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico de la Convención Constitucional rechazó la Iniciativa Popular de Norma “Por una minería sustentable para Chile: comprometida con sus habitantes, sus territorios, el medio ambiente y los desafíos del cambio climático”, impulsada por la Red Compromiso Minero y que logró más de 24 mil apoyos populares.
Así, la iniciativa contó con 6 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. Esta IPN fue desarrollada en su conjunto por Compromiso Minero, red que cuenta con más de 90 adherentes del ecosistema minero entre los que se encuentran universidades, colaboradores, proveedores, agrupaciones de profesionales, ONG’s, emprendedores, startups, asociaciones, gremios, y empresas de la pequeña, mediana y gran minería.
La propuesta fue presentada por Joel Carrizo, presidente de la Asociación de Pirquineros de Tierra Amarilla, y Alejandro Canut de Bon, abogado, quien además es profesor y autor de textos en materia de minería y sustentabilidad.
“Lamentamos profundamente que esta iniciativa que abogaba por una minería sustentable, comprometida con una mejor distribución de lo que genera la minería en los territorios, el medio ambiente y consciente de los desafíos y deberes que implica el cambio climático, haya sido rechazada. Esta fue una de las Iniciativas Populares de Norma en minería que contó con mayor apoyo ciudadano, y surgió del consenso de diferentes visiones de los adherentes de la Red Compromiso Minero, especialmente en regiones”, enfatizó Joel Carrizo.
Por su parte, el abogado Alejandro Canut de Bon también lamentó el rechazo de la IPN e indicó que “es importante que la Nueva Constitución contenga normas que -junto con garantizar debidamente los intereses del Estado, el medio ambiente y las localidades- entreguen certeza al minero, a fin de que este pueda invertir en exploración y desarrollo de sus proyectos. Sin derechos y obligaciones del concesionario minero, claramente fijados en la constitución o ley de quórum calificado; sin una duración de la concesión y sistema de amparo objetivo; y sin sistema concesional judicial, que otorgue y caduque concesiones en base a causales pre-establecidas; es muy difícil fomentar inversión minería. Esperamos, no obstante el rechazo de nuestra iniciativa, esto haya sido comprendido, y lo veamos reflejado en el texto constitucional de alguna forma al menos”.
María Isabel González, vicepresidenta del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, también manifestó su rechazo al resultado de la votación de esta iniciativa. “Al negar toda posibilidad de que la iniciativa avance en el proceso constituyente, sin siquiera llegar al Pleno o someterse al conocimiento y deliberación del total de los constituyentes, no se está tomando en cuenta a una parte importante de la población -más de 24 mil chilenos y chilenas que firmaron la iniciativa- y tampoco a las instituciones que la respaldaron. Nos preocupa especialmente que no se consideren los aspectos técnicos, de expertos cuya única preocupación es que en nuestro país se pueda desarrollar una Minería Sustentable”, enfatizó González.
“Apelamos a la voluntad de los constituyentes y les pedimos que escuchen a las chilenas y chilenos, sobre todo a las voces de las regiones mineras de nuestro país. Es primordial para asegurar el desarrollo sustentable de nuestra zona que se incorporen algunas de las propuestas de nuestra IPN mediante indicaciones para que sean consideradas en el Pleno de la Convención. Creemos firmemente que la minería requiere de una regulación estable, segura y específica, teniendo en cuenta que esta actividad constituye el principal sustento de las regiones del norte del país”, dijo Fernando Cortez, gerente general de la Asociación de Industriales de Antofagasta, organización que forma parte de Compromiso Minero.
Por su parte, Paola Huenumán, presidenta de la Red de Ingenieras de Minas de Chile, fundación que también pertenece a Compromiso Minero, dijo que “el buen desempeño que ha tenido la minería en Chile se explica por la existencia de un sistema mixto, que combina armónicamente la minería pública con la privada, tanto nacional como extranjera; así como la pequeña, mediana y gran minería. Para nosotras la decisión de los constituyentes implica desconocer lo que necesita el país. Garantizar al rubro la certeza de sus derechos, así como la exigibilidad de sus obligaciones, resulta clave para que este sector siga aportando a la economía, y así se pueda cumplir con los derechos sociales que requiere la ciudadanía”.
CAMARA MINERA DE CHILE
“Nos llama profundamente la atención, que los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional, hayan tomado decisiones, como la aprobación de Iniciativas Popular de Norma (IPN), que no se condicen con la realidad y el desarrollo de la minería actual, especialmente aprobando la nacionalización del sector”, señalaron desde la Cámara Minera de Chile.
Explicaron, que si los convencionales abogan por una minería sustentable, amigable con el medio ambiente, con trabajo conjunto con las comunidades, que genere empleo, que aporte al erario nacional, debieron haber estudiado más la IPN que presentó Compromiso Minero, entidad de la que forman parte.
“Esta IPN no solo abogaba por una minería moderna y sustentable, además consideramos que la nueva Constitución debe contener normas que garanticen los intereses del Estado respecto de los minerales, como la declaración del dominio de éste sobre todas las minas, sin perjuicio de la propiedad de las personas sobre los terrenos superficiales, y el cumplimiento por parte del concesionario de ciertas obligaciones como condición para mantener la concesión en su patrimonio, entre otros que se dieron a conocer”, precisaron.
Agregaron que muchos de los argumentos indicados por los presentadores son añejos y sin una base que los sustenten. “Escuchamos argumentos que no solo son del siglo pasado, sino que tal vez podrían haber sido posible en un mundo diferente al que estamos viviendo en la actualidad, donde la globalización no solo nos permite la cercanía con otras regiones del mundo, sino que también nos aportan la tecnología de punta que permite hacer una minería del siglo XXI, como es la que se realiza hoy en Chile”.
También se aprobó la IPN de renacionalización del cobre y otros bienes públicos estratégicos, aunque no en forma completa; respecto a aquellas que establece un “estatuto de minería”, solo se aprobó el artículo 2 que dice que la gran minería debe “en aquellos lugares en los cuales tenga concesión a gran escala y no desarrolle explotación de los yacimientos, establecer los convenios necesarios con la pequeña minería y pirquineros para el desarrollo de estos, con las correspondientes obligaciones y responsabilidades para los explotadores que se
establezcan en la ley.
“Queremos advertir, que será muy difícil que los cambios que esperan se lleven adelante si imponen más trabas a la minería chilena. Si quieren desarrollo del pueblo chileno, nacionalizar la minería no es el camino, porque esto nos empobrecerá; si quieren un mejor país donde vivir restringir la producción significará que ingresarán menos divisas al país”, precisaron.
Publicada el 7 marzo 2022
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