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(Santiago, 19 agosto 2026). El presidente de la Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y de Dueños de Concesiones Mineras A.G., AGRUMIN, Patricio Gatica, valoró las iniciativas que buscan impulsar la recuperación y crecimiento de la pequeña minería, pero llamó a las autoridades a abordar las dificultades administrativas, financieras y regulatorias que continúan limitando el desarrollo del sector.
En conferencia de prensa, en la cual estuvo acompañado por el vicepresidente Fernando Gattas y el abogado, Tomás González, el dirigente gremial destacó, en primer término, la puesta en marcha del Plan Minería en Marcha, especialmente por su objetivo de apoyar la recuperación de las faenas afectadas por los recientes sistemas frontales y permitir que los productores retomen sus operaciones en condiciones seguras.
Sin embargo, Gatica advirtió que algunas de las condiciones exigidas para acceder a los instrumentos de financiamiento asociados a ENAMI y BancoEstado podrían dejar fuera precisamente a productores que hoy necesitan apoyo para reactivar sus faenas.
Entre estos requisitos se encuentran no mantener deudas de IVA, imposiciones previsionales impagas ni multas pendientes con el Estado.
“Valoramos el objetivo del Plan Minería en Marcha, pero tenemos que procurar que sus instrumentos lleguen efectivamente a quienes los necesitan. Muchos pequeños productores arrastran obligaciones originadas en períodos económicos muy complejos y hoy los intereses, multas y recargos pueden hacer prácticamente imposible su regularización”, señaló Gatica.
AGRUMIN planteó estudiar mecanismos excepcionales que permitan a los pequeños productores regularizar sus obligaciones en condiciones económicamente viables y, posteriormente, acceder a los instrumentos de financiamiento necesarios para recuperar sus operaciones.
Aumento del umbral: una aspiración histórica
Por su parte, el vicepresidente de AGRUMIN, Fernando Gattas, también destacó especialmente el anteproyecto que busca elevar el actual umbral de producción de la pequeña minería desde 5.000 a 40.000 toneladas mensuales, iniciativa que actualmente se encuentra en consulta pública.
Gattas sostuvo que se trata de una aspiración planteada durante años por los pequeños productores, debido a que el límite actual se ha transformado en una barrera para el crecimiento de faenas que cuentan con reservas y capacidad para aumentar su producción.
“Elevar el umbral es una señal muy importante para la pequeña minería. Puede abrir posibilidades para aumentar la producción, realizar nuevas inversiones, incorporar tecnología, prolongar la vida útil de las faenas y generar más empleo en las regiones”, afirmó.
El dirigente recalcó, sin embargo, que la modificación normativa debe ir acompañada de otras medidas.
“No sacamos nada con abrir una puerta desde el punto de vista normativo si mantenemos cerradas otras puertas que impiden que el pequeño productor pueda invertir, financiarse y aumentar efectivamente su producción”, enfatizó.
A juicio de AGRUMIN, junto con modificar el umbral se requiere revisar integralmente materias como el acceso al financiamiento, la relación con ENAMI, los permisos, la regularización de obligaciones y los instrumentos de fomento.
El vicepresidente destacó además el impacto territorial de esta actividad. “Cuando crece la pequeña minería no solamente aumenta la producción. También se dinamizan las economías regionales, se fortalece a los proveedores locales y se generan oportunidades de empleo en localidades donde muchas veces existen pocas alternativas productivas”.
SBAP: protección ambiental con certeza jurídica
Respecto de la implementación de la Ley N.º 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), el abogado de AGRUMIN señaló que el sector comparte plenamente el objetivo de proteger la biodiversidad, pero considera indispensable compatibilizar esa protección con la certeza jurídica y la continuidad de las actividades productivas.
Una de las principales inquietudes de AGRUMIN se relaciona con la definición y efectos de los denominados Sitios Prioritarios, particularmente por las consecuencias que nuevas exigencias podrían generar sobre actividades y proyectos existentes.
“AGRUMIN no está en contra de la protección de la biodiversidad. Estamos a favor de una buena política ambiental, técnicamente fundada y compatible con el desarrollo productivo”, afirmó Tomás González.
Agregó que las regulaciones deben considerar las diferencias existentes entre las distintas escalas de producción.
“Una misma exigencia puede tener efectos completamente diferentes sobre una gran compañía minera y sobre un pequeño productor. Por eso necesitamos proporcionalidad regulatoria, criterios objetivos, reglas claras y respeto por las autorizaciones vigentes”.
Finalmente, el abogado de AGRUMIN sostuvo que el país enfrenta una oportunidad para fortalecer a un segmento de la minería que cumple un papel especialmente relevante en las economías regionales.
“Chile no tiene que elegir entre biodiversidad y desarrollo. Podemos proteger nuestro patrimonio ambiental y, al mismo tiempo, generar las condiciones para que la pequeña minería crezca, invierta, produzca y genere empleo. Ese es el equilibrio que debemos construir”, concluyeron los directivos de AGRUMIN.
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