30 empresas de 12 países participaron en convocatoria de Salares Altoandinos
La Comisión Investigadora Especial de la Cámara de Diputados -constituida por la adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias al consorcio internacional de universidades (AUI)- resolvió recomendar un nuevo proceso de licitación, “con los estándares y bases claros, sin modificaciones posteriores ocultas y con las debidas notificaciones a los concursantes”. Además indica, que el objetivo de la nueva convocatoria será “que el consorcio ganador sea el que más aporte pueda traer a la innovación y desarrollo de tecnologías verdes”.
La instancia parlamentaria fue solicitada a requerimiento de ASDIT, la asociación conformada por entes privados y públicos de Antofagasta, ante las irregularidades detectadas en el proceso de adjudicación.
La comisión evacuó su informe, que fue aprobado por los siete diputados presentes, y determinó una serie de recomendaciones, entre ellas, oficiar al Ministerio Público para investigar la comisión de delitos “relacionados al uso de información privilegiada por parte de altos cargos de CORFO y funcionarios del Gobierno para favorecer a la empresa que hoy mantiene la adjudicación del centro de investigación y Desarrollo, particularmente sobre las acciones del Vicepresidente Ejecutivo de CORFO, don Pablo Terrazas”.
Otras recomendaciones establecen:
- En la especie, debería ser aplicable por parte de las autoridades de CORFO y de Gobierno la dictación de todos los actos administrativos tendientes a restablecer el derecho, la igualdad ante la ley, y el respeto del principio de transparencia y probidad que, en la especie, han sido vulnerados. En relación a lo anterior, Corfo debe dejar sin efecto la adjudicación y detener los actos y tratativas iniciadas con AUI.
- La CORFO deberá a la brevedad, realizar las modificaciones necesarias en las Bases Administrativas Generales e incluir parámetros y procedimientos estándares para la realización de procesos de evaluación y adjudicación de proyectos en los diversos programas. Dichas modificaciones deberán ir en miras de asegurar que no existan conflictos de interés y que los proyectos sean evaluados por personas idóneas para cada área, además que deberá considerarse en estos procedimientos y parámetros, la magnitud de cada programa, tanto económico como el impacto que traerá a la sociedad.
- Se recomienda la formación de una comisión evaluadora que sea integrada con expertos y expertas de diferentes áreas, y que su funcionamiento y conformación este determinado con anterioridad, siendo además una comisión permanente para cada una de las áreas.
- Se deberán realizar modificaciones respecto de la forma de abordar las inhabilitaciones de autoridades frente a procesos de adjudicación de fondos en los proyectos y programas, asegurando que, de encontrarse en la situación de conflicto de interés, quien pasará a suplir sea una persona idónea e independiente del integrante que presenta la inhabilidad. Estos mecanismos y procedimientos deben estar establecidos con anterioridad, y no ser adecuados para cada caso en particular.
- Oficiar al Sr. Contralor General de la República a efectos que evalúe la pertinencia de iniciar una investigación que determine responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos involucrados en el proceso revisado por esta comisión.
- Remitir al Ministerio Público copia íntegra del informe de esta conclusión y las actas de las sesiones celebradas, junto con la documentación recopilada, para efectos que inicie una evaluación de los hechos tendientes a determinar si existe o no la comisión de delitos relacionados al uso de información privilegiada por parte de altos cargos de CORFO y funcionarios del Gobierno para favorecer a la empresa que hoy mantiene la adjudicación del centro de investigación y Desarrollo, particularmente sobre las acciones del Vicepresidente Ejecutivo de CORFO, don Pablo Terraza.
Publicada el 29 octubre 2021
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