QB II amplía operaciones a Antofagasta
(Santiago, 18 mayo 2026). Rechazo y preocupación por la señal adversa al clima de inversión manifestaron los directivos de los gremios mineros ante la resolución del II Tribunal Ambiental que anuló la RCA al proyecto de continuidad operacional de Minera Collahuasi, acogiendo así una reclamación de organizaciones indígenas costeras de Iquique. La empresa -que recibió la aprobación el 2021 y donde se invirtió US$ 3.200 millones- anunció acciones legales.
La resolución del II Tribunal Ambiental anuló la resolución de calificación ambiental (RCA) del proyecto Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad productiva destinada a fortalecer la continuidad operacional de Minera Collahuasi. Esta iniciativa -aprobada el 2021- está en su fase final de construcción.
La entidad ambiental acogió una de las tres reclamaciones presentadas por las comunidades indígenas Wilamasi de Pescadores Mamq’uta Caleta Chanavaya y Aymara de Caleta Chanavaya, luego que el Comité de Ministros rechazó los recursos administrativos presentados en contra de la RCA favorable a la empresa. Además, ordenó retrotraer el proceso de evaluación ambiental a etapas previas al informe consolidado de evaluación (ICE).
El tribunal sostiene que no habrían sido suficientemente abordados algunos aspectos relacionados con la caracterización de impactos sobre comunidades indígenas, observaciones formuladas por organismos públicos y potenciales efectos sobre el entorno marino asociado al proyecto. Además, la sentencia instruye que el Servicio de Evaluación Ambiental deberá complementar y revisar antecedentes técnicos antes de continuar con lan tramitación ambiental, como el uso del maritorio en la zona de Punta Patache y el sector Puerto Patache por los reclamantes.
El proyecto de Collahuasi busca asegurar la continuidad operacional por 20 años adicionales, mediante el aumento del procesamiento de minerales de 170 a 210 mil ton/día.
Minera Collahuasi informó que “evalúa acciones legales a seguir”, precisando que “la tramitación ambiental del proyecto se desarrolló en todo momento conforme a las normativa vigente y bajo la institucionalidad ambiental correspondiente… este criterio fue ratificado en agosto de 2023 por el Comité de Ministros al rechazar las reclamaciones presentadas por las mismas comunidades y representantes legales que hoy obtuvieron un pronunciamiento favorable del Tribunal Ambiental.
REACCION DE LOS GREMIOS
Jorge Riesco, Presidente de SONAMI, expresó “este tipo de resoluciones envían una señal preocupante para el clima de inversión en Chile, especialmente cuando se trata de proyectos de gran escala y largo plazo. Hoy vemos cómo una iniciativa que fue aprobada por las instancias técnicas hace cinco años, que ya suma inversiones por sobre US$ 3.200 millones y que está prácticamente terminada, vuelve a quedar expuesta a incertidumbres regulatorias… el II Tribunal Ambiental reabre una discusión que el país aún no logra resolver: las dificultades para avanzar con proyectos estratégigos debido a la excesiva permisología y a la falta de estabilidad en los procesos de autorización”.
Agregó el dirigente gremial, “resulta difícil compatibilizar el llamado transversal a impulsar el crecimiento económico y destrabar inversiones con decisiones que vuelven a poner en duda permisos ya otorgados por el propio Estado. Nuestro llamado es a promover la confianza y certeza para incentivar de manera responsable la inversión en Chile”.
Cabe destacar que Collahuasi constituye un actor económico crítico para la Región de Tarapacá, generando más de 7.000 empleos directos e indirectos. Asimismo, su contribución económica total estimada alcanza aproximadamente US$4.731 millones, lo que equivale al 1,32% del PIB nacional y al 46,8% del PIB de la región.
PROVEEDORES MINEROS
El presidente de APRIMIN, Ari Bermann, emitió una declaración que en manifestó “nuestra profunda preocupación ante el reciente fallo que afecta al proyecto de continuidad operacional de Collahuasi. Esta decisión no solo golpea a una compañía, sino que pone en riesgo la estabilidad de todo el ecosistema de proveedores”.
Agregó_ Vemos con inquietud cualquier situación que genere incertidumbre regulatoria en proyectos estratégicos para el país, especialmente cuando estos ya presentan un alto nivel de avance. Es fundamental comprender que este tipo de resoluciones tienen un impacto en cadena: no solo afectan al titular del proyecto, sino que golpean directamente a miles de trabajadores, empresas de servicios especializados y a una red de proveedores que planificamos nuestras inversiones y operaciones con horizontes de largo plazo.
En APRIMIN estamos convencidos de que la minería debe cumplir con los más altos estándares ambientales y una participación comunitaria efectiva; eso no está en discusión. Sin embargo, para que nosotros, los proveedores, podamos seguir invirtiendo, innovando y generando empleo, necesitamos reglas claras, plazos razonables y decisiones consistentes que nos entreguen certezas.
Como país, no podemos permitirnos contraponer la sostenibilidad con la inversión. Nuestra postura es clara: Chile no debe elegir entre una u otra. Debemos ser capaces de asegurar ambas dimensiones con una institucionalidad moderna, predecible y eficiente, que valore y proteja el rol estratégico de los proveedores en el desarrollo nacional.
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